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Torres Otarola: “¿Es delito trabajar con gente de confianza?”

Está acusada por 8 casos de fraude por hechos por «concusión» -cobrar o exigir pagos ilegales a otras personas en su rol como funcionaria-, además por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Este miércoles en la Oficina Judicial de Rawson arrancó con una audiencia preliminar al juicio oral la causa conocida como «Ñoquis Calientes», que investigapor defraudación a la Administración Pública a la exministra de Familia Cecilia Torres Otarola, entre otros imputados. La jueza del caso será Ivana Gonzalez y la acusada será asistida por el defensor Fabian Gabalachis.

Además de Otarola, fueron procesados oportunamente Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Carlos Antonio Cundari, Miguel Angel Reto Trelles, Silvana Adriana Cañumil, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino.

En el inicio de la audiencia preliminar fueron sobreseídos Matamala, Jofré, Gilardino y Antonio (madre del exministro coordinador). Rodríguez fundamentó esta decisión, la jueza González dio el visto bueno y les permitió abandonar la audiencia junto a sus abogados defensores.

“Por suerte todo terminó. Yo siempre estuve tranquilo, sabía que esto tenía que terminar de esta manera porque nunca hubo un delito. Hubo una suposición por la declaración de una persona que nunca vi en mi vida. Lamento que no se pudiera aclarar antes”, expresó Gilardino.

La declaración de Otarola

Durante su alocución, la exministra de Familia dio cuenta de su patrimonio personal antes de comenzar con la función política: “Siempre traté de sumar personas a mi proyecto político con mi patrimonio personal, hasta el día de hoy. Quiero demostrar la otra parte de la verdad”.

“¿Es delito trabajar con su gente de confianza?”, se preguntó la imputada por el delito de defraudación a la administración Pública, tras su declaración en la que afirmó que la acusación en su contra es “falsa”.

“Todas las personas que me han acompañado son mis personas de confianza, las volvería a tomar si tuviera que cumplir otra función pública”, añadió. Cabe recordar que Otarola está acusada por el delito de fraude en calidad de coautora de 8 hechos concusión todos ellos en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Al referirse al origen de la denuncia en su contra, no dudó en contar cuestiones relacionadas con su vida íntima y privada, a la vez que cuestionó a la fiscalía “por realizar una acusación sólo basada en lo moral, cuando solo debió tener en cuenta si se está o no dentro o fuera de la ley”. Destacó que todas las designaciones que realizó tenían la firma del gobernador y fueron avaladas por las respectivas asesorías legales.

La palabra del fiscal

El titular de la unidad anticorrupción del Ministerio Público Fiscal del Chubut, fiscal Omar Rodríguez señaló que “Matamala era víctima del poder de Otarola porque le sacaba parte del sueldo como también hizo con Jofré”.

Sobre la causa Rodríguez explicó: “Ellos están imputados de un fraude a la Administración Pública donde hacían parecer en la designación de las personas que pertenecían al Ministerio de Familia como que trabajaban y en realidad no prestaban ningún tipo de contraprestación y cobraban un sueldo. Ese engaño estaba pergeñado entre la exministra de esa cartera, Cecilia Torres Otarola y el resto de las personas imputadas”.

«Ñoquis Calientes» es otra de las causas resonantes por presunta corrupción cometidas por funcionarios públicos desde el Estado provincial. Antes, ya fueron juzgadas «El Embrujo» y «Revelación», entre otras, por hechos cometidos por funcionarios y empresarios durante el último gobierno de Mario Das Neves. En esta en particular, Torres Otarola -que primero fue diputada provincial por el PJ y luego ministra durante la primera gestión de Mariano Arcioni- está acusada por 8 casos de fraude por hechos por «concusión» -cobrar o exigir pagos ilegales a otras personas en su rol como funcionaria-, además por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El núcleo del ilícito, según la acusación del fiscal Omar Rodríguez, es que Torres Otárola, presuntamente, se quedaba con el dinero de sus asesores (muchos vinculados a la familia de su asesora, Jacqueline Rodera), entre ellos un jardinero y la propia niñera.