entreslineas.com

Periodismo de verdad. Información en tres líneas

Solidaridad cero de los empresarios en Madryn: se niegan a pagar impuestos por la pandemia

El empresariado local y radicado en Puerto Madryn muestra las garras ante el avance del Estado municipal que creó recientemente dos nuevos tributos «extraordinarios y solidarios» para afrontar los gastos que esta generando la pandemia de Coronavirus. La pesquera Conarpesa anunció que abandona la ciudad portuaria y operará desde Santa Cruz, mientras que los parques eólicos catalogaron de «arbitrarios» el tributo municipal.

En tiempos de crisis extraordinarias profundizadas por el avance del Coronavirus y por el rol fundamental que el Estado viene cumpliendo para enfrentar la pandemia, el sector empresario muestra su peor arista y se niega rotundamente a pagar tributos especiales.

Los respiradores de los hospitales públicos o privados comprados con fondos estatales son para toda la sociedad, incluida el empresariado, pero las ganancias y rentabilidades de las empresas son solo para sus dueños.

Los empresarios no están dispuestos a hacer ningún aporte extra y mucho menos a reducir sus ganancias, pero sí aplaudieron a rabiar cuando el Estado nacional anunció el subsidio de hasta dos salarios mínimos para pagar los sueldos de los trabajadores de las empresas privadas; y las palmas rojas le quedaron a los empresarios cuando la CGT aceptó una reducción salarial del 25% durante dos meses.

Con el aporte del Estado, las tres cuartas partes del empresariado inscribieron 1,6 millones de trabajadores para que cobren de las arcas públicas la mitad de sus salarios; de la otra mitad restante el sindicalismo nacional se encargó de bajarlo un cuarto más. Es decir que por dos meses muchos empresarios solamente pagaran de sus bolsillos el 25% de los sueldos, así y todo se niegan a hacer aportes especiales.

Las ordenanzas en Madryn

El Municipio de Puerto Madryn, conducido por el intendente Gustavo Sastre, avanzó en las últimas semanas con dos ordenanzas que fijaron impuestos «extraordinarios, especiales y solidarios» para afrontar los gastos demandados por la pandemia.

Fueron promulgadas el pasado 24 de abril, pero el sector empresario puso el grito en el cielo revelando su carencia de empatía y solidaridad en medio de la emergencia.

El Concejo Deliberante de Madryn sancionó dos ordenanzas que desataron amenazas y protestas airadas de parte del empresariado radicado en la ciudad. La Ordenanza 11.349 estableció una «tasa de servicio» tras una extensión del ejido urbano que involucra a los parques eólicos en el pago del tributo en la ciudad portuaria.

La Ordenanza 11.351 creó un impuesto municipal «especial, único, extraordinario y solidario» por la pandemia para la empresas y entidades bancarias o financieras radicadas en la ciudad. Las pesqueras deberán pagar 3.843.000 pesos por única vez cuando ocupen una superficie de entre 4.000 y hasta 10.000 m2; o un aporte de 4.392.000 pesos para las de superficie superior a los 10.000 m2.

La ira pesquera

Los cuestionamientos a los nuevos tributos sancionados en Madryn llegaron desde casi todos los sectores empresariales. La pesquera Conarpesa anunció que abandonará su planta en la ciudad y que trasladará sus operaciones al puerto de Caleta Paula, en territorio santacruceño.

La misma calificación de «inconstitucionalidad» recibió el tributo que impacta en los parques eólicos.

Conarpesa sostuvo que la ordenanza sancionada es «compulsiva, ilegal y de trato discriminatorio» y su propietario, Fernando Alvarez Castellano, le comunicó al gobernador Mariano Arcioni, al intendente de la ciudad de Puerto Madryn Gustavo Sastre, y a las autoridades de la Administración Portuaria (APPM) que cerrará su planta procesadora en la ciudad.

«He tomado la decisión de enviar al puerto de Caleta Paula, provincia de Santa Cruz, la totalidad de los buques congeladores con los cuales se opera para efectuar la descarga de los mismos y disponer el cierre del establecimiento fabril (planta de procesamiento) radicado en la ciudad de Puerto Madryn», anticipó el titular de Conarpesa.

La Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca enfatizó que «El impuesto violó principios constitucionales y es irrazonable porque de forma ligera sostiene en sus fundamentos que …en la tensión entre el derecho a la vida y la salud debe prevalecer siempre la solidaridad de aquellos que pueden contribuir, sin que ello implique un riesgo a su estabilidad económica».

Resoplidos de las eólicas

La Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) rechazó el impuesto municipal creado en Madryn que grava con una tasa de servicio a los parques eólicos en el ejido urbano de la ciudad.

Los empresarios de las eólicas aseveraron en un comunicado que la ordenanza «vulnera el espíritu de la ley nacional de promoción de energías renovables», advirtiendo un posible desenlace judicial.

«Esta decisión, no sólo vulnera derechos constitucionales y legales de las empresas integrantes de la cámara, sino que también significará un aumento tarifario a los ciudadanos», afirmó la CADER; para luego agregar que «Es un mal precedente porque como los gobiernos locales necesitan fondos, van a hacer lo mismo. Es un efecto contagio peligroso porque es dinero fácil para los municipios».

La Cámara Eólica Argentina también se sumó a las voces enardecidas y expresó «su gran preocupación frente al dictado de la Ordenanza Municipal N° 11.349 del Consejo Deliberante de Puerto Madryn (Chubut), y por su eventual efecto en otras jurisdicciones. Los proyectos eólicos son inversiones a muy largo plazo que necesitan de absoluta estabilidad fiscal para su viabilidad. Cargas impositivas o tasas de la naturaleza de la ordenanza municipal aludida, no son soportables para estos proyectos y la fuente de trabajo que representan».

Genneia, Pan American Energy (PAE) y Aluminio Argentino (Aluar), las tres empresas alcanzadas por la nueva ordenanza municipal de Puerto Madryn, están estudiando qué medidas judiciales tomarán al respecto.

«Genneia está analizando la razonabilidad de los impuestos y tasas que se están creando tanto a nivel local, como provincial y nacional, pero de antemano rechaza los mismos, ya que afectan la estabilidad jurídica de los contratos y derechos constitucionales garantizados», destaca la compañía en un comunicado; aduciendo que interpondrá una medida cautelar en terreno judicial.

Aluar señaló que «el Departamento de Legales está estudiando los alcances de la medida tomada por el Concejo Deliberante y analizando sus implicancias».

Fuente: El Extremo Sur