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Sastre presidió la sesión desde Madryn

Este jueves se concretó una nueva sesión ordinaria de la Legislatura con una variante y es que las autoridades de la casa tampoco concurrieron al edificio en Rawson alegando, entre otros motivos, “que existen casos de Covid positivo entre los empleados y autoridades legislativos” y que “se observaron fallas en los servicios básico de luz e internet en el edificio de la Legislatura”. El vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Sastre, presidió desde Puerto Madryn.

Entre los puntos del Orden del Día que se trataron y aprobaron estuvo precisamente la modificación del Reglamento Orgánico: se exceptúa a las autoridades de la Legislatura en su obligación de sesionar desde las instalaciones de la misma. Al momento de su tratamiento se aprobó por unanimidad de votos.

También aprobaron por mayoría un proyecto de declaración por el cual solicitan a la Superintendencia de Servicios de Salud y del Ministerio de Salud de la Nación, que articulen de manera urgente los mecanismos para que las Obras Sociales, incluidas privadas y prepagas, reconozcan el valor de los análisis de PCR que se realicen en los hospitales públicos en instituciones privadas en Chubut.

Además requieren que el gobernador Mariano Arcioni arbitre las medidas legales y urgentes que le permitan establecer el valor correspondiente de los PCR por COVID-19, el cual deberá ser incorporado a los nomencladores de las obras sociales.

El proyecto tuvo la oposición de los diputados de extracción sindical, Gabriela De Lucía (Comercio), Tatiana Goic (Camioneros) y Carlos Gómez (Petroleros) pero con el voto positivo del resto de los 22 legisladores quedó aprobada la declaración.

La diputada Goic (PJ) explicó que ella está de acuerdo “en que las obras sociales se hagan cargo del costo del PCR, pero pedí que se exceptúe a las obras sociales sindicales”. Por un lado porque “el Estado mantiene una deuda histórica con las obras sociales que se ven perjudicadas y desfinanciadas continuamente”, y por otro “en el caso de muchos trabajadores, como es el caso de los camioneros, han sido nombrados personal esencial por lo tanto, puedo decir que desde el comienzo de la pandemia fueron mis compañeros los que mantuvieron al país abastecido con alimentos, medicamentos, combustibles. Están encargados del orden y limpieza de las ciudades con el barrido y limpieza, también logística y correos. Eso los expone a ser más propensos al contagio y no sólo a ellos sino también a su familia, entonces sería tremendamente injusto que además perjudiquemos de alguna manera a sus obras sociales cobrándoles el PCR”.

Andrea Aguilera (Juntos por el Cambio), respondió que les sorprendió “la posición de los diputados que representan a las entidades sindicales, sobre todo porque su principal preocupación es el resguardo de los derechos de los trabajadores y exceptuar a las obras sociales sindicales de tener hacer frente a los gastos que demanda hacer análisis de PCR para cualquier ciudadano, está más justificado en las obras sociales cuyos afiliados son precisamente los trabajadores más expuestos. Por eso nos sorprende que se exceptúe a las obras sindicales y con ellos se deje en desamparo a los trabajadores” pero, sobre todo, porque obras sociales sindicales recibieron millones de pesos desde el Estado Nacional para hacer frente a esta pandemia, informó la legisladora.

En el orden del día también estaba el tratamiento de la Ley de Farmacias, que por la mayoría de la comisión resultó derogada pero cuando se trató en la sesión finalmente se votó que vuelva a comisión, para continuar con el análisis y la convocatoria a los actores involucrados como el Colegio Farmacéutico.

La diputada Belén Baskov inició el debate expresando el rechazo a esta iniciativa de todo el bloque del PJ, que ella integra.

En su argumentación explicó que la ley actual surgió “en base al trabajo de más de cuatro años que buscaba los consensos y establecía los acuerdos necesarios, en principio para modernizar la profesión y también para darle a la farmacia un rol fundamental que es el sanitarista y social y en ese sentido evitando el aspecto comercial que algunos quieren imponer con esta derogación”.

“Proponer esta derogación sin dar explicaciones sólidas y convincentes implica no tener voluntad de proponer un debate serio y responsable, porque seguramente pueden existir algunas observaciones a los artículos, pero la derogación implica borrar de un plumazo su totalidad que en su momento fueron consensuados. Si esta ley se deroga, en primer lugar las farmacias van a obedecer a fines absolutamente comerciales, se pierde ese rol social pasando a ser una sociedad anónima, se posibilita el ingreso de grandes cadenas a nuestra provincia, es abrirle la puerta a los oligopolios y la concentración económica, porque las farmacias se van a convertir en formadoras de precios y allí el Estado va a perder el rol de regular los precios de medicamentos”.

Compratió la postura la diputada Leila Lloyd Jones (Interbloque), afirmando que no acompaña el dictamen pero reconociendo que a la ley vigente hay que hacerle modificaciones pero “no voy a permitir que con mi voto se abra la puerta a los monopolios”.

“Como concejala de mi ciudad fue autora de un proyecto que regula a las farmacias de Trelew porque el medicamento es un bien social y debe llegar a todos”, informó.

Con una postura contraria se manifestó el diputado Carlos Gómez (Chubut al Frente), quien planteo que la actual ley “fue aprobada a libro cerrado y criticada por diputados de mandato cumplido por la infinidad de irregularidades en sus artículos, pero igual se aprobó. Luego el Ejecutivo vetó la ley y al ser remitida a la Legislatura con artículos observados para modificar y ante la insistencia, la ley fue promulgada”.

Informó Gómez que desde el mes de junio presentó junto con su par Emiliano Mongilardi un proyecto fundando “en los alcances del veto del gobernador”.

Ante la falta de acuerdo que expresaron los legisladores, el diputado Manuel Pagliaroni (JxC) propuso que el proyecto vuelva a la comisión para continuar con su análisis.

Coincidió con las diputadas Baskov y Lloyd Jones y remarcó que en su caso como “los diputados que formamos parte del anterior período llegamos al mismo luego de innumerables reuniones con los sectores involucrados”. Pareciera, continuó, “que hay un clarísimo interés en favorecer a un determinado sector por lo que adelanto mi voto negativo”.

Cuando se puso a consideración la moción de volver el proyecto a comisión la misma se aprobó por 13 votos a 12.

Durante la Hora de Preferencias la diputada Adriana Casanovas expresó el “enérgico repudio del bloque justicialista a la represión que sufrieron los trabajadores viales y estatales en la ruta 26 donde fueron fuertemente reprimidos por la Policía”.

La legisladora consideró lo ocurrido como “una lucha de trabajadores contra trabajadores” e instó al Gobierno “ya que no cumple con el pago de sueldos, que los deje manifestarse de manera pacífica como lo estaban realizando”.

Se sumaron a este repudio las diputadas Leila Lloyd Jones y Xenia Gabella.