El fiscal Nápoli dijo que “Das Neves era el jefe de la asociación ilícita”
En su alegato final, aseguró que el grupo de exfuncionarios no pudo recaudar coimas de la obra pública sin autorización del mandatario fallecido. Y que su Tercera Gobernación fue “campo fértil para su tarea criminal”. Hoy alegan las defensas.
En su alegato final por la Causa Revelación, el fiscal Marcos Nápoli aseguró que “el jefe de la asociación ilícita fue el gobernador Mario Das Neves”. Y aunque ya no puede defenderse de la imputación, explicó que el esquema de cobro de coimas de la obra pública “no pudo haber funcionado sin su expresa anuencia”.
Según el Ministerio Público Fiscal, el grupo de exfuncionarios imputados recaudó al menos $ 9 millones por mes en retornos entre diciembre de 2015 y septiembre de 2017. Esa caja negra financió campaña política y los sobresueldos anotados en la planilla de Diego Lüters.
Ante los jueces Mariano Nicosia, Ivana González y Alejandro Rosales, la acusación consideró probados 16 episodios de cohecho y 3 exacciones ilegales. Fue tras repasar los testimonios de las audiencias, los mensajes de texto, los chats y la documentación recuperada, como los cheques que usaron las empresas de construcción para pagarles a los funcionarios y destrabar el cobro de deudas. Fueron más de 2 años de investigación.
Los imputados son Víctor Cisterna, Diego Correa, Gonzalo Carpintero, Pablo Oca, Martín Bortagaray, Alejandro Pagani y Lüters; además del empresario Martín Castillo.
“Das Neves ubicó a todos en lugares de poder de distintas áreas y no había modo de que esta asociación tuviera pérdidas de ninguna naturaleza, no las preveían. Todos tenían incidencia en los pagos”, enfatizó Nápoli.
Para el fiscal, con la Tercera Gobernación de Das Neves el grupo “encontró campo fértil para su tarea criminal”. Y aprovechó las “cuentas exhaustas” del Estado para que los pocos pagos que podían hacerse incluyeran a cambio un retorno. “Cuando hay abundancia se les paga a todos y el arbitrio desaparece”, comparó Nápoli.
Recordó que los estados contables de las constructoras “estaban destruidos”. Esta fragilidad convertía a los empresarios en “presa fácil para negociar con ellos, débiles y mucho más fáciles de presionar. No les quedaba otra que pagar para cobrar”.
El fiscal aclaró que los expedientes de las órdenes de pago eran legales. “Pero en paralelo corría otra operatoria y otra información que estaba en las planillas. Los funcionarios se aprovecharon de que sus empleados no sospechaban para premiar o castigar a las empresas. Cada empleado conocía sólo la parte que le tocaba y no la operación completa”.
Sobre Cisterna, alegó que fue el primer organizador de la asociación. Como ministro coordinador habría ideado y comunicado a los empresarios los porcentajes del pago de tributos: 3 y 5 % para las obras de las gestiones del exgobernador Martin Buzzi y Das Neves, respectivamente. “Decidió quién, cuándo y cómo cobrar”, dijo el investigador.
Cisterna fue visto varias mañanas en la oficina en Trelew de Pablo Bastida, su presunto “valijero” en Trelew. El fiscal recordó que incluso Correa tenía en su poder cheques que originalmente habían sido entregados al jefe de gabinete: “Esto demuestra cuán ordenada fue la transición entre ambos para que esos valores se cobraran y dejar en bandeja el ejercicio de la asociación”, graficó el fiscal.
Es entonces cuando Lüters comienza a armar los Excel. Es que su jefe, Correa, ya estaba a cargo y necesitaba el control total de la información. Reclutó a Federico Piccione, Andrés Ninín y Bortagaray. Los dos primeros participaron del intento de quedarse con Canal 9 con plata de las coimas.
Según Nápoli, el exministro de Economía Oca dirigió los pagos de acuerdo a las planillas que se armaban en el Instituto Provincial de la Vivienda, a cargo de Bortagaray, y del Ministerio de Infraestructura, a cargo de Pagani. Los tres bajo la lupa de Correa, que “copó la caja del IPV. Además no podían funcionar sin el jefe de Economía y Oca era el dispositivo final del pago. Recién ante cada retorno desarchivaba las órdenes de pago”.
Sobre Pagani, Fiscalía ratificó que llevó planillas “dobladitas” a Casa de Gobierno. Se las devolvían tachadas y marcadas con los pagos que debía apurar. Ya depuradas, esas listas se reimprimían para confeccionar la orden de pago. “Los testigos dicen que Pagani atendía a los empresarios más grandes pero no a los chicos, a quienes costaba mucho meter en las listas. Y los enviaba a las fauces de Correa”.
“Estamos todos”
En cuanto a Bortagaray, el fiscal explicó que por organigrama el IPV tiene su propia política de pagos y “no necesita consultar con otro organismo”. Pero ocurría lo contrario: su expresidente enviaba información a la Secretaría Privada de Fontana 50.
“Aunque aquí se mostró sumiso, cuando quería Bortagaray se imponía y ejercía el poder”, dijo, al recordar cómo actuó en ocasiones en contra incluso de las órdenes del propio gobernador. Fiscalía repasó una escucha telefónica de Pablo Das Neves en la que el acusado le habla al hijo del gobernador de las listas tras el escándalo público: “Pablo, estamos todos”, admite Bortagaray en ese audio.
Y sobre Lüters, Nápoli subrayó que “puso su inteligencia a disposición del grupo y buscó un ascenso político y económico. Por eso pidió una compensación por las horas de más que trabajaba. Correa vio esas condiciones”.
En cuanto a Castillo, único empresario acusado, el fiscal recordó el testimonio de una empleada del Banco Chubut que reveló la operatoria para que la entidad pudiera tener fondos para Industrias Bass. Castillo le habría dicho a la oficial de cuentas que para saber si había plata disponible debía preguntarle a Lüters, que tenía el dato justo.
Nápoli hizo notar que el dueño de Bass reactivó sus reclamos formales al Estado recién cuando la asociación ilícita terminaba y el esquema corrupto se diluía. Ya no le era necesario pagar nada y por eso acudió a las quejas administrativas. En los celulares -aseguró el fiscal- hallaron mucha información sobre el trato a su empresa. “Pudimos atraparlo nada más que en una coima”, graficó.
El MPF también consideró que hay evidencia para probar el enriquecimiento ilícito de Carpintero, ya que no puede justificar patrimonio por $ 45 millones que data de 2017. Sin embargo, la acusación pública no lo incluyó en la asociación ilegal y le sacó esa imputación.
Fuente: Diario JORNADA