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Minería: Bergman abogó por el «diálogo ciudadano”

«Es una actividad clave para el desarrollo», dijo el ministro de Medio Ambiente de Macri.

El rabino Sergio Bergman, ministro de Medio Ambiente de la Nación, dijo que la licencia social necesaria para el desarrollo de la minería en la Argentina debe ir de la mano “del diálogo ciudadano y la participación” y agregó que “el puente de representación que debe ser la conversación tiene que ser una prioridad, una práctica cultural y, para la sociedad, también una política de Estado”.

Bergman publicó este martes una columna de opinión en el diario Infobae donde indicó que “el encuentro entre los argentinos nos permitirá estar unidos bajo una misma ley, un mismo cielo y haciendo en este mismo suelo, de nuestra Argentina, una tierra prometida en la que habrá, como promueve nuestra Constitución, prosperidad y, entre otras actividades, minería, pero nunca a expensas de la vida”.

“La minería es una actividad extractiva y, como tal, que sea sustentable es una aspiración que sólo podrá concretarse cuando se implemente como práctica responsable y como un instrumento hacia un desarrollo sustentable integral de las regiones donde esta ocurre”, consideró el religioso y funcionario nacional.

Bergman mencionó que “el desarrollo de nuestras vidas cotidianas, como el progreso de nuestras sociedades, tiene en los minerales un recurso que es un insumo indispensable para hacer viable la tecnología, que nadie quiere abandonar en su calidad de vida. Además, es recurso de desarrollo económico para las comunidades locales, provinciales y nacionales”.

“La minería -agregó- es una actividad que nos acompañará en nuestras vidas como en nuestras actividades productivas, así también en el crecimiento de la nación que la adopta y ratifica como política de Estado económica, productiva, energética y ambiental. Todas dimensiones que deben ser concurrentes en un desarrollo sustentable”.

El ministro dijo que “se trata de una actividad que está regulada por la ley”, lo cual no impide que “en este desarrollo productivo como en otros, haya prácticas criminales que no pueden ni deben esconderse bajo las argumentaciones de minería sustentable o responsable. Cuando sus acciones voluntarias, negligentes o accidentales sean conscientes del daño que ocasionan, al que son indiferentes, se debe poner a estos actores frente a una Justicia eficiente e independiente y actuar en tiempo y forma, con todo el rigor de la ley”.

“Aquí -enfatizó- es donde el Estado debe estar presente y es nuestra responsabilidad cumplir con esta función. Los legisladores, con leyes, reglamentaciones y códigos que ajusten a derecho y amplíen los resguardos para que la minería sea no sólo actividad lícita y legal, sino responsable de cuidar la salud de las personas y el ambiente, aun cuando extraiga minerales y, en especial, cuando utilice agua, con su impacto en el entorno y en los múltiples recursos naturales”.

Además abogó por “una Justicia ambiental, civil y penal que, en tiempo y forma, ejerza su función con fiscales y jueces que intervengan para proteger con la ley a los ciudadanos, como así también al ambiente”.

En este sentido dejó en claro que “el Poder Ejecutivo, tanto en su órbita local como provincial y nacional, ajustado a derecho, ordenado por las leyes, y colaborativamente con la Justicia, debe articular las políticas preventivas, los controles, el monitoreo y la fiscalización de los proyectos en actividad. Debe ejercer tanto el poder de policía como el de inspección para que se desarrolle la minería con responsabilidad y se evalúen con seriedad sus prospectos y sus proyectos futuros”.

Y agregó: “Junto con los correspondientes estudios de impacto ambiental y herramientas como el ordenamiento ambiental del territorio, que son requisitos indispensables de la ley para desarrollar estas actividades productivas, no es menor la importancia que tiene otra dimensión indispensable desde el derecho, el sentido común, la sensibilidad social y los derechos humanos que tiene la licencia social”.

“Las audiencias públicas y la participación ciudadana no sólo son una etapa de un proceso formal”, dijo Bergman, y añadió”: “Son una oportunidad única de validar la tensión que la minería tiene implícita cuando, sin poder ser sustentable, por ser extractiva y tener impacto ambiental, debe estar contenida en regulación legal, pero, al mismo tiempo, abre la oportunidad, respetando estas regulaciones que la hacen actividad lícita y legal, de atraer inversiones, expandir la economía, desarrollar regiones y provincias que tienen en este recurso económico su potencial de crecer, ofrecer trabajo y generar nuevas alternativas de desarrollo posterior o simultáneo”.

“Es en esta instancia donde el diálogo ciudadano, la participación y, en especial, el puente de representación que debe ser la conversación tienen que ser una prioridad, una práctica cultural y, para la sociedad, también una política de Estado”, consideró.

“Es decir, la minería no puede ser política de Estado energética, económica y productiva sin ir de la mano de otras políticas que la hacen viable: el diálogo participativo, el planeamiento colaborativo, la discusión, en la cual, sin pensar igual, haya respeto”, afirmó.

En este sentido aseveró que “quienes por sus ideas están convencidos de que ninguna minería debe permitirse, o quienes sostienen que es legal, pero no acuerdan con sus métodos o sus prácticas, deberán pacíficamente lograr que los legisladores modifiquen las leyes, que los Gobiernos locales, provinciales y nacionales tengan representantes que compartan sus convicciones y las cumplan cuando asuman sus funciones y no cuando las prometen en campañas”.

“Es tiempo de comprometer más que prometer y de hacer más que decir. Este debate sobre minería, responsabilidad, licencia social, impacto ambiental, desarrollo económico, inversiones, trabajo, calidad de vida, remediación, conflicto de intereses, diálogo, encuentro, consensos y, fundamentalmente, bien común, es el glosario de un nuevo tiempo donde el encuentro entre los argentinos nos permitirá estar unidos bajo una misma ley, un mismo cielo y haciendo en este mismo suelo, de nuestra Argentina, una tierra prometida en la que habrá, como promueve nuestra Constitución, prosperidad y, entre otras actividades, minería, pero nunca a expensas de la vida”, concluyó.