Juez declara admisibilidad de recurso de amparo contra el revalúo fiscal

14 /03 / 2013

El Juez Luis Mures decretó la admisibilidad de un recurso de amparo presentado por un vecino de la ciudad contra la ordenanza que estableció el revalúo inmobiliario que actualmente se aplica. En principio esto significa que el magistrado ha entendido que existen razones “prima facie” para hacer lugar al reclamo, lo que no indica que haya resultado favorable al particular que es patrocinado por el abogado del foro local, Patricio Castillo Meisen ya que resta aún que los demandados (el Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo Municipal) hagan sus respectivas presentaciones y se expida, recién allí, el juez mencionado.
A través de la acción de amparo se solicita se decrete la nulidad absoluta e insanable de la ordenanza 8315 sancionada el día 20 de diciembre de 2012 y publicada en el Boletín Oficial del día 04/01/2012, esto en virtud que la misma viola lo previsto en el 75º del Reglamento del Concejo Deliberante (que hace referencia a que un proyecto, de no resultar aprobado en una primera instancia, no podrá volver a tratarse hasta el siguiente período de sesiones). La norma referida dice “Todo proyecto rechazado por el Concejo no podrá tener entrada nuevamente en ese período de Sesiones…”, por lo que el proyecto referido a la nueva zonificación fiscal de valores unitarios básicos de edificación (modificación del Anexo II del artículo 6º de la Ordenanza 7722), no podía ser ingresado en el período de sesiones del año 2012 y mucho menos tratado en el recinto de sesiones.
A pesar de esto, sancionada la ordenanza, el Ejecutivo, sin aguardar la entrada en vigencia de la ordenanza, incluso antes de su publicación en el boletín oficial, efectuó la aplicación de los nuevos valores establecidos para las propiedades inmuebles urbanas del ejido de la ciudad,  y puso al cobro de los contribuyentes los nuevos valores del impuesto inmobiliario, violando  abiertamente la Carta Orgánica municipal.
En la presentación Castillo Meisen señala “Hay aquí una situación de uso desviado, ilegal y manifiestamente  arbitrario del poder del Estado, pues no se requiere más que la lectura de la Carta Orgánica  para advertir la flagrante violación de las normas. Asimismo una grave afectación al patrimonio de los vecinos contribuyentes al erario público municipal, en primer lugar por no sancionar una ordenanza conforme el procedimiento que el mismo Concejo Deliberante ha establecido y en segundo término, pues el DEM aplicó la ordenanza al tiempo que ella no estaba vigente.
La vigencia del estado de derecho supone, de manera cabal y completa, la facultad de ejercer los derechos y garantías reconocidos en todo el plexo  normativo y asimismo, requiere un marco normativo confiable, estable, compuesto de normas generales que resulten discutidas y sancionadas conforme los reglamentos que regulan el procedimiento parlamentario, al cubierto de sorpresas, maniobras confusas o  aplicaciones caprichosas de las circunstanciales mayorías políticas que responden a los designios erráticos del poder político de turno y no al interés de la comunidad.
En consecuencia,  el acto de la autoridad pública que se cuestiona,  al sancionarse una norma que dispone un revalúo inmobiliario mediante una ordenanza que debe considerarse nula y luego aplicarla cuando la ordenanza aún no estaba vigente, contradice el principio de legalidad amenazando concretamente nuestros derechos patrimoniales como ciudadanos habitantes de esta ciudad, tutelados de igual manera por la Constitución Nacional, Provincial y Carta Orgánica, haciendo letra muerta la obligación republicana que impone la incondicionada legalidad de los actos como obligación de los gobernantes, única garantía de los derechos de los gobernados”.
Resulta apropiado poner de relieve que muchas de las decisiones adoptadas por el actual Ejecutivo han sido objeto de reclamos judiciales (como el caso del Loteo Sur que podría resultar nulo) y en el caso de prosperar el presente reclamo no resultaría improbable que se vean afectados los intereses de todos los madrynenses, producto de políticas erráticas más fruto de la improvisación que de la planificación como ya se señalara en notas anteriores.

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