“Embrujo”: Correa y el resto de los imputados seguirán presos hasta el juicio oral

08 /09 / 2018

El principal acusado aceptó quedar en preventiva y no participó de la audiencia, que terminó alrededor de las 23:30. Le concedieron salidas para atención médica a las dos mujeres imputadas, Natalia Mac Leod y Daniel Souza, pero seguirán detenidas. Los fiscales revelaron más evidencias contra los cabecillas de la banda acusada de robarle al Estado.

Diego Correa, el principal imputado por la causa El Embrujo, seguirá en prisión preventiva mientras dure el proceso, al igual que Sandro Figueroa. Por eso no estuvieron en la audiencia que hasta este viernes a las 23:30 en la Oficina Judicial de Rawson revisó las prisiones preventivas de Natalia McLeod (esposa de Correa), Federico Gatica, Daniela Souza, Diego Lüters y Juan Carlos “Tato” Ramón, ante el fin del plazo original estipulado por el juez Sergio Piñeda.

El cierre de la audiencia marcó la definición del juez PIñeda de rechazar todos los pedidos de morigeración que habían solicitado los defensores para los imputados. En especial para las dos mujeres de la banda, McLeod y Souza, cuyos defensores argumentaron estar sufriendo “deterioro psicológico y mental”. Sin embargo, el magistrado no les concedió la prisión domiciliaria pero sí tendrán autorizaciones para salir a recibir atención médica.

El juez Piñeda dijo en la parte final de la audiencia que los peligros procesales se mantienen y así rechazó morigerar las prisiones preventivas de todos los imputados, que seguirán detenidos hasta la audiencia previa al juicio oral y público, que sería dentro de unos 45 días

En el caso de Lüters, su defensor Lisandro Benítez presentó un hábeas corpus requiriendo prisión domiciliaria y tobillera electrónica, para resguardar su integridad física. Está alojado en la Comisaría 2ª. Tuvo una breve discusión con el magistrado.

Se leyó un informe del jefe de la Seccional 2ª, comisario César Bartels, donde expresó que Lüters se encuentra alojado en un pabellón de tres existentes, y en ese lugar convive con cinco internos y no se mezcla con el resto de los internos. Además se modificaron los días de visita de familiares para estar separados y se incrementó la cantidad de efectivos para dar mayor seguridad.

También se confirmó que Lüters gozó durante estos meses de salidas extraordinarias. En tres oportunidades visitó a su padre y también a sus hijos con motivo del día del niño y sus cumpleaños. Por todo esto el juez Piñeda no hizo lugar al habeas corpus.

Para fundamentar el pedido de que los imputados continúen cumpliendo prisión preventiva, los fiscales presentaron una serie de audios de conversaciones telefónicas pero se opusieron los defensores a su difusión por “afectar su vida privada por el escarnio público”.

El fiscal Omar Rodríguez aseguró en su relato que Diego Correa, como jefe de la asociación ilícita, tenía tan controlada esta organización que pone como domicilio legal de su primera empresa Dual Core su vivienda particular y desde ese momento comienzan las operaciones de un grupo que sabían que cometían delitos. Las maniobras sumaron otra empresa, Sepat, y luego Mezeta Consulting, esta última considerada una fachada para el lavado de dinero.

En este grupo cada uno tenía un rol determinante e importante. Incluso todos sabían de la maniobra ilegal por la cual el Estado contrataba una empresa de un funcionario público, Correa, y lo “tapaban” para que no surgiera su nombre. “Correa además no puede justificar el origen de sus fondos ya que el recibo de sueldo mayor que tuvo fue de $ 42.000. Era un sueldo magro en relación a la vida que ostentaban. Incluso hasta con el sueldo de Natalia Mc Leod, que en esa época era empleada judicial”.

Otro detalle que mencionaron los fiscales es que cuando era un hecho que Mario Das Neves asumiría nuevamente como gobernador, “Natalia Mc Leod deja la sociedad de la firma Dual Core y en su lugar asume su tío Sandro Figueroa, ya que ella no podría contratar con el Estado”.

En un momento del relato explicaron que el contador Gatica estaba al tanto de todas las operaciones del grupo. “Y hasta le ofreció a su propio hermano que vive en Neuquén si quiere comprar la camioneta Hyundai A1 que era de un cliente, vehículo que posteriormente fue llevado a la provincia de Buenos Aires porque ya estaban al tanto de la investigación en marcha”.

“Incluso cuando se crea la empresa Sepat, que figura a nombre del hermano de Diego Correa, su socio en el estudio, el contador Glades le pregunta si es hermano de Diego y éste le confirma la información”.

El otro fiscal de la Unidad Anticorrupción, Alex Williams, relató sobre el accionar de Juan Carlos Ramón al que califican como “esencial” para el actuar de la banda. “Por ejemplo, recibió órdenes directas de Correa con el monto del presupuesto que debía presentar con su empresa Concretando, para así competir con el presupuesto que presenta Dual Core para la obra por la cual se cambiaron los pisos del Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno, trabajos que realizó la empresa de Diego Correa”. Por eso le imputan que “Tato” Ramón se encargaba de fraguar presupuestos para que la única salida fueran las contrataciones directas a la empresa de Correa. Según los fiscales, “fueron muchas las contrataciones así pergeñadas, muchas de las cuales quedaron sin poderse cobrar porque los allanamientos de los fiscales secuestraron los expedientes”.

Otro ejemplo que dieron del manejo de fondos públicos es el pedido constante de Sandro Figueroa y Daniela Souza de vales de combustible del Estado para las camionetas de las empresas de Correa, que ellos utilizaban. Con respecto a Souza, marcaron que “su función era la compra venta y manejo de las personas de las empresas de Correa. Incluso adquiere terrenos en la cordillera y vehículos a nombre de una de las empresas”.

“Daniela Souza, según las conversaciones que mantiene con Correa solicitándole dinero para diversos pagos, tenía una vida ostentosa donde tendría gastos por unos 100 mil pesos por mes y no registraba ingresos. Esta suma total incluye alquiler del departamento, tarjeta de crédito y otros”.

Al finalizar sus relatos los fiscales solicitaron que se sostengan las prisiones preventivas de los cinco imputados presentes en la sala hasta la audiencia preliminar. A este pedido adhirieron la Fiscalía de Estado y la Oficina Anticorrupción.

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