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El Senado también aprobó el proyecto de Solidaridad y ya es ley

Luego de casi doce horas de debate, la Cámara alta votó poco antes de las 4 de la madrugada y el oficialismo logró 41 votos a favor contra 23 en contra y una abstención.

La Cámara de Senadores de la Nación aprobó este sábado a la madrugada el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública que ya había aprobado por la Cámara de Diputados y que contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

El debate comenzó a las 16:20, pero luego fue suspendido durante dos horas a pedido del interbloque opositor de Juntos por el Cambio para estudiar más detenidamente el expediente que había ingresado a la Secretaría Parlamentaria del Senado media hora antes.

Sin embargo, los senadores pasaron a aprobar otros proyectos de Ley incluidos en el régimen de sesiones extraordinarias enviados por el Poder Ejecutivo, por lo que el cuarto intermedio arrancó poco después de las 17:30.

Recién a las 19 el oficialismo logró el quórum para reiniciar la sesión y los dos tercios necesarios para debatir el asunto sobre tablas, para lo cual colaboró la oposición que no se opuso.

Unos cuarenta legisladores se anotaron para hacer uso de la palabra, por lo que las autoridades de la Cámara calcularon que el expediente que finalmente se votó a las 4 de la mañana del sábado.

Detalles

El proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, para aplicar medidas ante la crisis económica y social y sentar las bases para promover el desarrollo productivo.

Los principales ejes son la creación de un impuesto a la compra de dólares para turismo o atesoramiento, aumento de alícuotas del impuesto a los bienes personales, moratoria para las pymes, congelamiento y revisión de las tarifas, suba en los derechos de exportación de granos y oleaginosas (retenciones), y la suspensión de la movilidad jubilatoria.

Se eximen de esta medida a las víctimas de la Ley Brisa, judiciales, docentes, ex funcionarios nacionales y científicos ya que ambos grupos tienen sistemas que garantizan un determinado ingreso con relación a los activos.

Cuando la medida comenzaba a debatirse, se conoció la decisión del presidente Alberto Fernández de enviar un proyecto de ley para que sea debatido durante las actuales sesiones extraordinarias para terminar con las jubilaciones especiales en la Justicia y en el Cuerpo Diplomático.